Revuelo en el Concejo de Villavicencio por el trámite de un proyecto que tiene por objetivo derogar uno anterior, que eximiría al cabildo del pago de la prima de servicios a sus empleados.
Un controvertido debate se desarrolló en las últimas horas en el Concejo de Villavicencio, donde se generó polémica y malestar por el trámite de un proyecto de acuerdo promovido por el presidente del cabildo, José Antonio Pérez Casiano.
Iniciativa que busca el no pago de la prima de servicios a los trabajadores del concejo de Villavicencio.
Asegura Pérez Casiano, que se trata de prevenir líos jurídicos a futuro, dado que el Concejo no tiene la competencia para realizar ese pago, “yo no puedo hacer el pago mientras no haya un acto administrativo, ley o decreto expedido por la autoridad competente, es decir, el Congreso o el Gobierno Nacional que son los únicos que tiene la competencia para hacer extensivo ese derecho”, puntualizó.
Agregó que la situación es distinta si los directos implicados, los empleados, emprenden acciones legales ante un juez, quien podría determinar el pago de esa prima de servicios, pues lo que se plantea con la iniciativa es modificar el acuerdo por falta de competencia y pagar si es el caso la prima de servicios, pero acatando una directriz de la autoridad competente, es decir el Gobierno Nacional o el Congreso de la República, mediante decreto.
Ante el panorama, los demás concejales expusieron su punto de vista. Fernado Vargas, del Polo Democrático expresó: “Yo lo que creo concejales es que se debe demandar el acuerdo. Al demandarlo, nosotros procedemos de otra manera, porque si se crea otro acuerdo diferente modificando del articulado, la prescripción de legalidad del acuerdo queda vigente y eso es una obviedad”.
De otro lado, el también concejal Giovanni Beltrán, aseguró que cuando fue presidente del concejo pagó la prima cumpliendo la ley, dando prevalencia a los derechos constitucionales que tienen los empleados en Colombia.
“Me sentí aludido porque en el 2011 pagué la prima de servicios y la pagué no sustentado en un acuerdo, sino en unas sentencias del Consejo de Estado y en conceptos de la función pública que son más recientes de los que presenta el concejal en el proyecto de acuerdo… Creo que la vía correcta no era la demanda, sino seguir reconociendo un derecho a los empleados”, dijo Giovanni Beltrán Knor.