Cargos a abogado por presunta extorsión contra ex gobernador Darío Vásquez
Un Juez con funciones de control de garantías vinculó formalmente al abogado William Ancizar Romero Sandoval, a una investigación penal por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión del que dice ser víctima el exgobernador del Meta, Darío Vásquez Sánchez.
En desarrollo de las audiencias preliminares el abogado renunció al derecho de guardar silencio y bajo la gravedad del juramento se sometió a un interrogatorio en el participaron los demás sujetos procesales
En medio de las preguntas formuladas por la fiscalía, el Juez y el abogado defensor, Romero Sandoval, relató que una persona identificada como Bernardo Rivera Cortés, hacía varios días lo buscaba con insistencia para acordar una conciliación económica a efectos de que retirara las denuncias contra el ex gobernador Darío Vásquez Sánchez, que cursan en la Fiscalía y las Acciones Populares, que hacen tránsito en un Juzgados Administrativos del circuito de Villavicencio y que esas se desprenden de la compra de un terreno donde proyectan la construcción del nuevo Hospital Departamental de Villavicencio y por otras posibles irregularidades en contratación cuando Vásquez Sánchez ejerció como Gobernador.
Señala a José Luís Baquero, ex concejal de la ciudad como la persona que consiguió al emisario para que éste ubicara a Romero y ofreciera una millonaria suma de dinero de parte de Vásquez Sánchez.
Ante tanta insistencia de Bernardo, dice el procesado William Romero, aceptó hablar con el desconocido y las reuniones se dieron en diferentes lugares de la ciudad donde hablan de 850 millones de pesos, pero que empiezan a negociar bajándose a 400 millones.
Sostiene que el sábado 18 de mayo se reúnen en el establecimiento la cubita y allí le lleva 20 millones de pesos pero el abogado aclara que eso sea un préstamo y entonces se van a una cabina del establecimiento de internet denominado “Imperionet” pleno centro de la ciudad.
Compran una letra y es firmada por 20 millones de pesos y adicional redactan un documento donde se hace claridad en qué condiciones es que se recibe el dinero.
En otros apartes sostiene que el señor Bernardo en medio de su nerviosismo le mete la plata en el maletín del abogado y no recibe la letra y sale corriendo del internet y que cuando el abogado sale, es que llegan integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de la Fiscalía General de la Nacieon con el Gaula del Ejército y capturan al abogado.
Esas versiones coincidieron con el escrito fáctico presentado por la fiscalía.
El Juez de garantías luego de tres horas de análisis sobre los elementos materiales probatorios presentados por el ente persecutor y valorados los elementos del abogado, como la letra y otros documentos que presentó, es que se declara legal el procedimiento de captura al considerar el juez que hubo una situación de flagrancia.
En ese mismo estrado judicial, el abogado defensor Fabio Guiza, apela la decisión manifestando que el operativo no estuvo dirigido por la Fiscalía sin no directamente por los mismos agentes de policía judicial.
Controvierte que no puede haber situación de flagrancia dado que Darío Vásquez envió a un colaborador suyo a negociar con Romero Sandoval y que las autoridades eran sabedoras de todo el procedimiento de señuelo o trampa que le estaban colocando al abogado para que cayera.
En ese orden de inquietudes puestos de presente es que el abogado apela la legalidad de captura y el Juez concede el recurso para que lo resuelva un Juez de conocimiento en segunda instancia.
Agrega que el poder económico y de intimidación que tiene Darío Vásquez, es bastante grande y por eso es que de alguna manera ha logrado privar de la libertad a uno de sus enemigos que hace parte de una veeduría ciudadana que hoy lo tiene denunciado ante las autoridades.