Un pacto para hacer frente inmediato a la corrupción presentada en el interior de las cárceles y establecimientos penitenciarios, suscribieron la Procuraduría , el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
El compromiso se estableció tras culminar la mesa de trabajo realizada esta mañana en la que participó el procurador general de la Nación, la procuradora delegada preventiva en Derechos Humanos y asuntos étnicos, la ministra de Justicia y el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
En el marco de este proceso el Órgano de Control se comprometió a:
-Ejercer el poder disciplinario preferente dentro de las indagaciones o investigaciones de índole disciplinaria.
-Investigación de 30 casos paradigmáticos en materia de corrupción en el interior de los centros de reclusión y de los establecimientos penitenciarios que serán decididos prontamente, en cumplimiento de los deberes disciplinarios.
-Iniciar procesos verbales disciplinarios cuando las investigaciones se ajusten a lo estipulado en la ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario) para este procedimiento especial.
-Efectuar un específico trabajo preventivo en temas sensibles como el de la salud de los reclusos/internos que se encuentren en los centros de reclusión o carcelarios del país, que afectan directamente a la comunidad penitenciaria.
-Acompañar preventivamente a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios en los procesos de índole contractual.
-Velar por el estricto cumplimiento en la remisión de los reclusos/internos ante las autoridades preventivas, de intervención y disciplinarias a que haya lugar debiendo realizar un trabajo articulado el componente de remisión con el INPEC y los estrados judiciales.
-Integrar un grupo de trabajo tendiente a generar una estrategia permanente y conjunta en el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario en materia de hacinamiento, salud y la situación jurídica de la población carcelaria a nivel nacional.
De igual forma, la Procuraduría acordó realizar acciones conjuntas y comunes, entre éstas, se plantea el apoyo al proyecto de ley encaminado al nuevo código penitenciario y carcelario, como se indicó en la mesa de representantes del Ministerio de Justicia.
Dentro de las funciones constitucionales derivadas del artículo 277, numeral 7 superior, el Ministerio Público se comprometió a efectivizar y mejorar el nivel de intervención de los procuradores judiciales ante los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad; especialmente en cuanto a los problemas jurídicos planteados en torno a las solicitudes de libertad de los reclusos/internos, de aplicación de subrogados penales y demás peticiones elevadas ante las autoridades de Ejecución, Penas y Medidas de Seguridad; como ante los estrados judiciales que correspondan.
La Procuraduría busca con lo acordado en la mesa de trabajo el fortalecimiento de la autonomía de la rama jurisdiccional, al tiempo que generar y endurecer los mecanismos que permitan la descongestión judicial ante los jueces de Ejecución, Penas y Medidas de Seguridad, entre otras autoridades, un adecuado acceso de la población reclusa a la justicia y en especial, velar por el respeto a los derechos fundamentales y Derechos Humanos de los ciudadanos que se encuentran privados de su libertad por mandato judicial.